Breve reseña histórica

Estas normas emanan en razón de la delegación del Poder de Policía reservado a las provincias en los Artículos 104 y concordantes de la Constitución Nacional.

Asimismo, la Ley Nacional 20.488, publicada en el B.Of. de la Nación el 23/07/73, establece normas de carácter general referentes al ejercicio de las profesiones relacionadas a las ciencias económicas y establece la obligatoriedad de inscripción en las respectivas matrículas de los Consejos Profesionales del país conforme a la jurisdicción en que se desarrolle su ejercicio.

Por lo tanto el ejercicio de profesiones universitarias se encuentra sometido a un doble régimen legal.

Por una parte, aparece la legislación federal relativa a los estudios universitarios, títulos, valor nacional de los mismos, sus alcances e incumbencias y servicios que con alcance nacional se atribuyen a los graduados.

Por otra parte, se presenta la legislación local, de cada provincia, en lo referente a las modalidades de ese ejercicio y que debe tener como límites los derechos y garantías constitucionales y la legislación federal. Ello es así en virtud del Art. 31 de la Constitución Nacional que establece ese nivel normativo superior para sus disposiciones, las leyes que en su consecuencia se dicten y los Tratados.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho:

“Es facultad del Gobierno de la Nación determinar los requisitos conforme a las cuales han de ejercerse las profesiones liberales. El poder de policía de las provincias en materia de profesiones liberales se ejerce propiamente respecto de las modalidades de su ejercicio en el orden local, siempre que sus reglamentaciones no impongan requisitos sustanciales, no desconozcan la eficacia del título habilitante ni se invoque precepto concreto común o federal que legisle el punto en forma contraria” ( Fallos 224:300).

“La facultad atribuida al Congreso para dictar normas generales relativas a las profesiones…no puede considerarse exclusiva ni excluyente de la legislación provincial, en todo cuanto se relaciona con el régimen de organización y control de las profesiones, que están comprendidas en las funciones de seguridad, higiene y salud pública, la retribución razonable y adecuada, la ética y aún la elevación en el nivel del ejercicio, todo lo cual es parte de las facultades reservadas a las provincias” ( Fallos 237:397).

El ejercicio de una profesión universitaria se ubica entre los derechos “… a trabajar y ejercer toda industria lícita…” que garantiza el Art. 14 de la C.N. como lo ha reconocido constantemente la Corte. Ese derecho es susceptible de reglamentación por ley, pero esas leyes no pueden afectarlo ( art. 28 C.N.). Menos aún pueden afectarlo las reglamentaciones locales mediante leyes y menos aún, las reglamentaciones que se dicten como consecuencia de esas leyes, mediante actos administrativos provinciales o actos de los Consejos Profesionales.

Los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas son personas jurídicas públicas no estatales, conforme lo ha definido la Corte Suprema de Justicia de la Nación: a) son personas jurídicas porque pueden ser sujeto activo y pasivo de derechos y obligaciones; b) son de carácter público porque no nacen de la voluntad de particulares sino que son creadas por voluntad de la ley; c) las leyes pueden crearlas porque atienden a fines públicos de interés general; d) no son estatales porque no integran la estructura del aparato del Estado, tienen patrimonio distinto del mismo y no revisten relaciones jerárquicas con la Administración.

Los Consejos Profesionales no perciben ni han percibido fondos del Estado y subsisten de los aportes efectuados por los matriculados. Dichos fondos se aplican para cumplir estrictamente sus funciones primordiales y contribuir al perfeccionamiento y actualización científica de sus graduados.